Las
reformas en otros países se han
traducido en rebajas de las
pensiones. Los prejubilados citan el
superávit de la Seguridad Social
para no bajarlas.
“El Gobierno español
tiene el claro objetivo de recortar la
pensión media en un 20% y no entienden que
muchos jubilados viven al borde de la
miseria”.
Así de tajante se
mostraba ayer el presidente de la
Confederación Estatal de Prejubilados y
Pensionistas de España, Enrique Castillo,
ante la incertidumbre que ha generado el
informe que se aprobará en el Consejo de
Ministros del próximo 29 de enero.
La indignación de este
colectivo ante la nueva regulación se hace
patente en las palabras de su representante:
“ampliar el plazo para calcular las
pensiones de 15 a 20 años es una locura”,
asegura Castillo, “el Ejecutivo sólo piensa
en reducir el gasto, cuando la caja única de
la Seguridad Social registró en 2009 un
superávit de más de 12.000 millones de
euros”.
El Ministerio de Trabajo también ha
reconocido que la reforma afectará a las
pensiones de viudedad, algo que, para
Castillo, “viola los derechos del
trabajador. Quieren sustituir la pensión
contributiva por otra asistencial”.
El pasado 28 de
diciembre, la Confederación envió un escrito
al presidente José Luis Rodríguez Zapatero
en el que explicaban la necesidad de que
estas pensiones aumentasen al 70% de la base
reguladora, pero la respuesta aún no ha
llegado, por lo que temen que el Gobierno
traslade la reforma a la Comisión del Pacto
de Toledo sin contar con este colectivo.
Lo cierto es que las experiencias en
otros países resultan contundentes, ya que
las reformas de pensiones adoptadas se han
traducido en una reducción en la generosidad
de estos sistemas. Y es que cuando se trata
de reducir gasto, todos los países recortan
pensiones.
Por su parte, el portavoz del PP en
la Comisión del Pacto de Toledo, el diputado
por Valladolid, Tomás Burgos, lanza un
mensaje de tranquilidad. Afirma que no es
del todo cierto que una ampliación del plazo
para el cálculo de la pensión se traduzca en
todos los casos en una bajada de la misma,
respecto al cómputo actual de 15 años.
Considera que si un
trabajador pierde un trabajo próximo a los
65 años y se ve forzado a darse de alta como
autónomo, su cotización a la Seguridad
Social será más baja que la aportada antes
por el régimen general, por lo que una
ampliación del plazo le beneficiará.
Burgos considera que
“es una adecuación más justa y refleja mejor
la cotización adecuándose a las carreras
profesionales con cotizaciones no lineales”.
No obstante, expresa sus dudas acerca de que
el Gobierno quiera ir más allá, aunque lo
que está claro es que es un debate que hay
que abrir.
Nota. Hemos ampliado la
noticia debido al gran interés que hemos
observado.
Elche - Enero 2010 -
fuente: LA
GACETA |