segundo mayor en dicho mes desde los noventa, con excepción de 2008. Pero nuestras autoridades se ufanan de la “mejoría” (sic) en los datos de desempleo por la mera comparación con las peores cifras de aumento mensual de paro registrado, producidas entre octubre de 2008 y febrero de 2009, situadas por encima de 100.000 y en algunos casos con más de 190.000 parados en un mes.

Tampoco fue noviembre un buen mes por número de contrataciones (1,2 millones): desde junio el segundo peor, después de agosto.

Pero la evolución de los contratos indefinidos ha ido sistemáticamente a peor, una vez transcurrido el impacto a corto de la reforma, entre octubre y diciembre de 2006.

Los datos indican que, tras absorber prácticamente casi todo el ajuste laboral los trabajadores con contratos temporales, ahora están siendo esos mismos contratos y los de tiempo parcial los que permiten cierta recuperación del mercado laboral, cayendo los contratos indefinidos hasta un 16,8% en noviembre.

Si bien la economía no puede seguir sosteniendo la dualidad de contratos y duros ajustes vía cantidades en el mercado laboral.

Todo ello, sin olvidar que el propio Ministerio de Trabajo excluye de sus cifras de paro a 485.177 demandantes de empleo no ocupados, ubicados en otras categorías, de los que nada menos que 242.882 (el 50,06%) pertenecen a la comunidad de Andalucía.

Algo similar se hace con los datos de afiliación a la Seguridad Social, dando de alta a varios miles de escolares con perfil de afiliados “no cotizantes”, mientras Eurostat publica una tasa de paro para España en octubre del 19,3%.

Nuestros problemas de paro y ocupación son suficientemente importantes como para que ningún Gobierno frivolice con medidas que, ante todo, buscan maquillar las cifras de desempleo real, como en el denominado modelo alemán –por ello tan bien acogido–, sólo aplicable de forma equivalente con sustanciales mejoras de nuestras parcas prestaciones por desempleo y una reforma radical de nuestros sistemas de formación de empleo (en manos de empresarios y sindicatos).

Pero aquí siempre hemos apostado por bajas prestaciones del Estado, compensadas con altas indemnizaciones por despido a cargo de las empresas.

Fernando Méndez Ibisate es profesor de Economía de la UCM.