A favor de esa tesis, con archivo definitivo de las actuaciones, han estado Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV y de quien Camps dijo que era más que un amigo, y José Francisco Ceres, magistrado conservador cuyo nombramiento fue en su día impugnado y posteriormente repescado. Sin embargo, el magistrado Juan Montero, propuesto en su día por el PP, ha dejado constancia de que tiene sus dudas de que los hechos que se imputaban a Camps, Campos y Betoret, que no a Ricardo Costa, no sean constitutivos de delito. Según su opinión, la causa debería haber quedado abierta para avanzar en las investigaciones que aseguraran si en efecto lo fueron o no.

    La decisión de la sala permite recurso al Tribunal Supremo. El PSPV-PSOE, que actuó como acusación popular, ya anunció que así lo haría. También la Fiscalía Anticorrupción recurrirá en el Supremo el archivo del caso Camps.

    El tribunal no descarta que pudiera ser cierta la versión de los imputados, dadas las contradicciones de testigos y las irregularidades de la prueba documental. Sobre el delito de cohecho pasivo impropio el tribunal considera que se refiere no a la condición de autoridad o funcionario del imputado, sino a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario. "No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable que necesariamente se realiza en consideración a su función", señala el tribunal.

El PSPV recurrirá

    La reacción del PSPV-PSOE no se ha hecho esperar y ha anunciado que presentará un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el auto de TSJ de Valencia. El PSPV, que ejercía la acusación popular en la causa abierta contra, entre otros cargos de la Generalitat y del PPCV, del jefe del Consell, Francisco Camps, "acata y respeta el auto y la actuación de los magistrados, aunque no lo comparte", ha asegurado el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.

    Según Alarte, el auto realiza una valoración jurídica de los hechos investigados por los que se abrió la causa pero no los "cuestiona", lo que en su opinión "demuestra" que Camps "ha mentido a Les Corts y a los valencianos", por lo que le ha exigido que asuma "responsabilidades políticas".

Regalos por contratos

    El juez instructor, José Flors, encontró numerosos indicios de la existencia del cohecho, pero no investigó si los regalos se hicieron a cambio de los contratos logrados por la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Entre los regalos que la investigación ha acreditado que recibió Camps había trajes, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros y entradas para el Circo del Sol. El principal contrato que Orange Market obtuvo cinco años consecutivos fue el montaje del pabellón de Fitur en Madrid. La empresa de El Bigotes logró también 40 adjudicaciones, la mayoría a dedo o fraccionadas en contratos inferiores a 12.000 euros para evitar el concurso público.

    La sala tiene que decidir aún si incorporar a la causa a los cabecillas de la trama - Francisco Correa, Pablo Crespo y El Bigotes,- por un delito de cohecho activo al haber hecho los regalos a los cargos de la Generalitat y del PP valenciano, después de que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibiera a favor del de Valencia en este apartado de la investigación. La sala ha pospuesto esta decisión hasta septiembre.

    En el PP esperaban que la decisión que este lunes ha tomado el tribunal valenciano de archivar la investigación pusiera fin a un "calvario". Tras conocer el sobreseimiento de la causa contra Camps, el presidente del PP, Mariano Rajoy ha declarado que ha ganado "la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que están de los nervios".